Transparencia auténtica y servicio honorable.

 

Colaboración especial de Luis López.

Transparencia auténtica y servicio honorable: el deber ineludible de la administración pública La transparencia y la rendición de cuentas deben ser los cimientos irrenunciables de cualquier administración pública. Sin embargo, la realidad muchas veces muestra un ejercicio limitado, una “transparencia a modo” que cumple con las formalidades pero no alcanza su propósito esencial: permitir a la ciudadanía entender, evaluar y confiar en la labor gubernamental. Es imperativo recuperar la honorabilidad del político y del servidor público, quienes deben concebir su rol como un compromiso con el bien común, desempeñándose con dignidad, eficacia y vocación de servicio. La política como servicio, no como fin en sí mismo La política, en su concepción más elevada, no es una lucha por intereses personales o de grupo, sino una búsqueda constante del bienestar colectivo. Esta visión, plasmada por pensadores clásicos, sigue siendo fundamental hoy en día. Aristóteles afirmaba que la polis era “una asociación de semejantes con vistas a una vida feliz y honorable”, destacando que la finalidad de la política es crear condiciones para una vida plena y digna. Cicerón, por su parte, enfatizaba que “el bien público es la ley suprema”, un recordatorio de que las acciones políticas deben siempre orientarse hacia el interés colectivo. Contrario a esta concepción, el cinismo y la corrupción han distorsionado los valores esenciales de la función pública, alejándola de su noble propósito. La honorabilidad del político y el servidor público El verdadero valor del político y el servidor público radica en la honorabilidad de su labor. Sus decisiones y acciones deben sustentarse en principios como la integridad, la coherencia ética y la honestidad. Un funcionario honorable no teme a la transparencia; al contrario, la entiende como un compromiso moral que legitima su gestión. Confucio resumió esta responsabilidad al decir: “Gobierna al pueblo con rectitud y el pueblo será recto.” Así, el poder no debe concebirse como un privilegio, sino como una herramienta para impulsar la justicia social y el bienestar colectivo. De la transparencia a medias a la transparencia auténtica La transparencia no puede ser una simulación ni limitarse a cumplir con requisitos mínimos o formalismos legales. Una transparencia auténtica requiere: 1. Información clara y contextualizada: Más allá de publicar datos, es esencial explicarlos y presentarlos de manera comprensible para la ciudadanía. 2. Verificación de resultados: La población debe tener herramientas para comparar lo prometido con lo cumplido. Sin mecanismos de evaluación accesibles, la transparencia pierde sentido. 3. Participación ciudadana: Una ciudadanía bien informada puede cuestionar, proponer y contribuir al mejoramiento de la gestión pública. Abrazar la transparencia significa aceptar el escrutinio ciudadano como un motor de mejora, no como una amenaza. Un gobierno que confía en su labor no teme mostrar sus errores, sino que trabaja para corregirlos y fortalecer la confianza pública. Hacia una nueva cultura de gobierno Para que la clase política y los servidores públicos adopten la transparencia con sinceridad, es necesario transformar las estructuras de poder, profesionalizar la función pública y fomentar una ciudadanía más exigente. Exigir claridad, integridad y resultados no es un lujo, es un derecho básico. Solo con gobernantes honorables y transparentes, la sociedad podrá recuperar la confianza en sus instituciones. Un nuevo horizonte para la administración pública La política no debe ser un espacio de privilegios ni de opacidad, sino el arte noble de servir al colectivo. Una transparencia genuina y la honorabilidad en el ejercicio del poder son indispensables para una gobernanza justa, democrática y orientada al bienestar de las generaciones presentes y futuras. El camino hacia una sociedad más digna, pacífica y próspera no puede construirse sin estos pilares fundamentales. La transparencia y el servicio honorable no son solo valores deseables, sino obligaciones ineludibles de toda administración pública que aspire a transformar positivamente la vida de sus ciudadanos.