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El desarrollo social no es un concepto abstracto, es un proceso tangible que busca mejorar las condiciones de vida de una población en múltiples dimensiones: combatir la pobreza, generar más y mejores oportunidades, atender las carencias de los sectores más vulnerables, impulsar la justicia social, responder a la crisis climática, promover una economía sostenible, consumir de manera responsable e incentivar la innovación. Sin embargo, para millones de trabajadores del Estado en México, esta premisa de bienestar se ve empañada por una realidad económica que los mantiene atrapados en deudas interminables debido a créditos hipotecarios que, al ser convertidos de salarios mínimos a Unidades de Medida y Actualización (UMA), se han vuelto prácticamente impagables.
Un caso ejemplar es el del crédito número 1374104, contratado el 6 de septiembre de 2010 por un monto inicial de $649,151.00. A lo largo de más de una década, el acreditado ha realizado pagos que suman $1,670,073.00; es decir, ha pagado más de tres veces el valor original de su vivienda. Sin embargo, su saldo actual sigue siendo de $616,971.00. Esta situación no es un caso aislado. Miles de familias enfrentan el mismo escenario, observando con frustración cómo su deuda no solo no disminuye, sino que crece al ritmo del comportamiento económico de las UMAs, una unidad que, si bien fue diseñada para actualizar ciertos pagos gubernamentales, ha terminado por asfixiar la economía de los trabajadores que confiaron en estos créditos para obtener una vivienda digna.
Ante esta problemática, en 2019 se implementó un programa de reestructuración de créditos para permitir el cambio de UMAs a pesos. No obstante, dicha iniciativa ha resultado insuficiente. Los criterios establecidos para acceder al beneficio dejan fuera a una gran cantidad de trabajadores, al requerir condiciones que no dependen del acreditado y que, en muchos casos, resultan inalcanzables. Esta exclusión perpetúa la deuda y condena a miles de familias a pagar durante décadas por viviendas que, en condiciones normales, ya habrían liquidado.
Si el objetivo del desarrollo social es garantizar una vida digna y oportunidades equitativas, es imperativo que el gobierno federal ponga especial atención a las lagunas que persisten en estos programas. No basta con crear mecanismos que, en teoría, solucionan el problema si, en la práctica, los requisitos terminan siendo una barrera infranqueable. Se necesita una revisión profunda y una reestructuración de fondo que otorgue certeza y justicia a quienes llevan años cumpliendo con sus pagos sin ver reflejado su esfuerzo en la reducción de su deuda.
El panorama es aún más preocupante si consideramos que cada año más trabajadores se suman a este esquema crediticio. Nuevos solicitantes, impulsados por el legítimo deseo de dejar de pagar renta y tener una vivienda propia, ingresan a un sistema que, bajo su actual estructura, los atará a pagos interminables y a una incertidumbre financiera que impactará su economía familiar durante décadas.
El desarrollo social no puede entenderse sin justicia económica. Es momento de pasar del discurso a la acción, de ajustar las reglas del juego en favor de quienes sostienen al Estado con su trabajo y confianza. Porque una vivienda digna no debería ser una promesa incumplida, sino una realidad alcanzable para todos los trabajadores del país.
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